El pasado miércoles nos visitó el Consejero de Vivienda y Ordenación del Territorio de la Junta de Andalucía, Juan Espadas. En una exposición brillante, donde conjugó mensajes de fondo, estratégicos, ideológicos, con cifras y datos concretos, pasó de puntillas por algunas cuestiones que merecen una reflexión algo más extensa.

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El recorrido que realizó por el panorama financiero actual, adoleció de una referencia expresa a la microeconomía. El problema de financiación al que se enfrentan las promotoras de vivienda parece estar resuelto, no sin dificultades, mediante los compromisos alcanzados por la Consejería y el Ministerio con las entidades de crédito. Por tanto, salvado o en vías de salvar el primer escollo económico para poner en pié una promoción. Pero ¿que ocurre cuando la persona que ha resultado adjudicataria de una vivienda se sienta en la mesa del director de la sucursal bancaria para acceder a un crédito hipotecario? Mucho nos tememos que si la estrategia a seguir por los bancos en esta coyuntura es: “mitad de clientes”, “mismo beneficio”, es decir, restringir la relación exclusivamente a los clientes “pata negra”, la gran mayoría de los potenciales compradores de VPO no superarán el listón que se les impone. Y aquí es donde el Consejero Espadas debió detenerse un minuto, debió sentarse en la silla junto al comprador de VPO, frente al director de la sucursal, y contarnos lo que ha pensado al respecto.
La otra cuestión que quedó en el tintero la relaciono con una pregunta realizada desde el público, en la que se planteó si se estaba pensando en modificar las condiciones de acceso y permanencia a la VPO, las cuales, según el interpelante, eran demasiado rígidas. Concretamente mencionó la imposibilidad de vender libremente antes de transcurridos 10 años. Me hubiera gustado oír del Consejero que “lo que nace público, muere público” y que, por tanto, lo que se está pensando no es en flexibilizar esa condición si no en aplicar el “derecho de superficie”, mediante el cual, la propiedad sigue siendo pública y lo que se “vende” es la posibilidad de disfrutar del derecho a la vivienda durante toda la vida. Esto comportaría una serie de ventajas para el común de la ciudadanía que sería prolijo desgranar, pero avanzo una, se ejercería el derecho de tanteo y retracto de manera automática, la vivienda pasaría al siguiente ciudadano o ciudadana que la precisara y se anularía la posibilidad de utilizar la “cosa” emanada de lo público como bien de inversión.
Pero para llegar a esta conclusión, más de uno, por supuesto quien realizó la pregunta, debería pasar por el “expansor de la conciencia” de Haus-Rucker-co, quizá así vería con más claridad hacia donde deberían de orientarse los esfuerzos de la Administración.